Cali vivió un Petronio Álvarez cargado de contrastes políticos inesperados. Dos figuras irrumpieron en el festival con estilos diametralmente opuestos: Daniel Quintero, cuyas abucheos ahogaron sus pasos, y Mauricio Lizcano, que pareció contagiar a la ciudad con su “Colombianismo”. Si esta fue la primera batalla mediática, claramente ha sido ganada por Lizcano… y por goleada.

El desaire a Quintero no fue un accidente

Daniel Quintero, el polémico exalcalde de Medellín, llegó al festival ¿en busca de legitimidad? ¿de nuevos votantes? Lo que encontró fue un escenario hostil: entre gritos de “¡fuera!” y “¡ladrón!”, el público lo recibió. Abucheos que resonaron como eco de desconfianza, viralizando su frustración en redes.

Este no fue un episodio aislado. Quintero acumula rechazos. En Cartagena fue interrumpido por rechiflas antes de hablar en una convención bancaria; en el congreso de la ANDI, fue abucheado tras desplegar la bandera palestina; incluso durante un vuelo comercial fue increpado. El Petronio solo sumó otro capítulo. La percepción ya está instalada: su imagen polariza, y cuando aparece en público, lo público lo repudia.

Mauricio Lizcano irrumpió con otra energía

En el mismo festival, Mauricio Lizcano desplegó la antítesis del ambiente hostil. El exministro y hoy candidato del “Colombianismo” llegó con seguridad, cercanía y un mensaje que encajó con la esencia del Petronio: el valor de la diversidad, la cultura y la unidad. Su discurso fue como una ráfaga de aire fresco, en contraste con la tormenta que dejó Quintero.

Lizcano no solo habló del festival; se empapó del festival. Caminar por los pasillos del Petronio con él era presenciar como la gente lo recibía con aplausos, entusiasmo, fotos y muestras de confianza. Frente a la carcajada del abucheo a Quintero, la acogida a Lizcano fue clara: el “Colombianismo” pasó la prueba condecorado.

Dos candidatos, dos estilos, un claro vencedor

Este choque simbólico entre Quintero y Lizcano deja varias conclusiones:

1. Quintero encarna la polarización: su presencia expone un rechazo latente, un sector que ya no confía en su discurso ni en su liderazgo. Su apuesta por hacer política de calle, en festivales, se está topando con una barrera: su propio historial lo sigue a todas partes.
2. Lizcano encarna la alternativa: su estilo sereno, su discurso conciliador y su presencia cercana, en un momento en el que el país busca salida a la radicalización, lo posicionan como el ganador moral de esta contienda simbólica. Su “Colombianismo” no aburre, sonríe y conecta.
3. El Petronio como escenario electoral: ninguna tarima cultural había reflejado con tanta claridad el estado de ánimo político de Cali (y quizás del país). El rechazo a Quintero y el entusiasmo hacia Lizcano hablan de una ciudad ávida de unidad, de cultura, de propuestas que sumen en lugar de restar.
   

¿Por qué Cali sí vibra con Lizcano… y no con Quintero?

• Cali vibra con identidad auténtica: el Petronio es la escenificación del aporte afro y cultural al país. Lizcano lo entendió, lo celebró y lo validó públicamente. Quintero pareció pasar de largo, desconectado.
• Quintero carga con su expediente: el controvertido episodio de «Aguas Vivas» en Medellín no solo persigue su nombre, sino que empaña su credibilidad en regiones que valoran transparencia y respeto. Cali lo abucheó hoy y esa sombra pesa más fuerte que sus mensajes.
• Lizcano empatiza con la emoción colectiva: su discurso del «Colombianismo» no solo suena como branding electoral, sino como una narrativa que apela al sentimiento colectivo: amor por Colombia, respeto mutuo e identidad compartida.

Un festival que reconfigura la política

Esta edición del Petronio Álvarez pasará a la historia no solo por su cultura, su música y su sabor, sino por haberse convertido en un reflejo político. Por su valorización del afecto, del respeto, de la inclusión. Quintero se encontró rodeado pero desconectado; Lizcano fue arropado.

El resultado simbólico es claro: el público caleño ya empezó a marcar sus preferencias. Este contacto directo con el ciudadano se contará en votos, y hoy la estadística visible favorece a Lizcano.

ActualidadNews.Com

En un operativo que resuena como un trueno en la lucha contra el narcotráfico, el Ejército Nacional de Colombia ha asestado un golpe devastador al corazón financiero del ELN. En las entrañas de Tibú, Norte de Santander, las fuerzas armadas desmantelaron un megalaboratorio de cocaína perteneciente al Frente Juan Fernando Porras Martínez de esta guerrilla, una estructura criminal que alimentaba el conflicto armado con millones de pesos. Con un valor estimado en más de 7.200 millones de pesos, este laboratorio no era solo una fábrica de droga, sino un símbolo del poder ilícito que el ELN ha sostenido en el Catatumbo. Acompáñanos en esta crónica de valentía y determinación, donde las Fuerzas Militares de Colombia escriben un capítulo crucial en la búsqueda de la paz.

El operativo, ejecutado con precisión quirúrgica, fue una acción conjunta entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional. En la zona rural de Tibú, un área marcada por la presencia de grupos armados y la complejidad del terreno, las tropas localizaron este coloso del crimen: un megalaboratorio capaz de producir toneladas de clorhidrato de cocaína. La operación no solo destruyó la infraestructura, sino que incautó cientos de kilos de droga y químicos esenciales para su fabricación, cortando de raíz una fuente de ingresos que el ELN utilizaba para financiar sus actividades terroristas. Cada tambor de precursores químicos, cada prensa desactivada, representa un paso hacia la liberación de comunidades atrapadas por la violencia.

El impacto económico de este golpe es monumental. Según fuentes oficiales, el laboratorio tenía un valor superior a los 7.200 millones de pesos, una cifra que refleja no solo el costo de la infraestructura, sino el daño que estas operaciones ilícitas infligen a la sociedad. En el Catatumbo, una región donde la pobreza y la presencia de grupos armados han tejido una red de desafíos, el ELN ha explotado el narcotráfico para sostener su maquinaria de guerra. Este desmantelamiento no es solo una victoria logística; es un mensaje de esperanza para los habitantes de Norte de Santander, que anhelan un futuro sin el yugo de la ilegalidad. Imagina el alivio de una madre en Tibú, sabiendo que las finanzas de quienes amenazan a su comunidad han sido debilitadas.

La operación no estuvo exenta de riesgos. Los soldados enfrentaron un terreno hostil, donde las minas antipersonas y los francotiradores del ELN son una amenaza constante. Sin embargo, la valentía de las Fuerzas Militares prevaleció, demostrando que el compromiso con la seguridad del país es inquebrantable

En un giro que sacude los cimientos de la política colombiana, el presidente Gustavo Petro ha encendido las alarmas al confirmar la solicitud de extradición de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y uno de sus hombres de confianza, ahora prófugo de la justicia. Este domingo, con un mensaje cargado de determinación en su cuenta de X, Petro reveló que Colombia ha solicitado formalmente a Nicaragua la entrega de González, implicado en un escándalo de corrupción que amenaza con manchar el legado de su administración. La noticia, que ha generado un torbellino de reacciones, pone en el centro del debate la lucha contra la corrupción y las complejidades de las relaciones diplomáticas. ¿Cómo llegó un exfuncionario clave a convertirse en un fugitivo internacional? Acompáñanos en esta historia de intriga, poder y justicia.

El caso de Carlos Ramón González, también exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), es un capítulo oscuro en el gobierno de Petro. Acusado de graves delitos como cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos, González está señalado por presuntamente haber canalizado 4.000 millones de pesos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) hacia los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle. Estos recursos, según las acusaciones, habrían sido utilizados para allanar el camino de las reformas sociales del gobierno en el Congreso, un escándalo que ha puesto en jaque la credibilidad del Ejecutivo. La imagen de González, un hombre que alguna vez fue un pilar del círculo íntimo de Petro, ahora se desvanece en una nube de sospechas mientras reside en Nicaragua, un país que lo acogió con una residencia otorgada en noviembre de 2024.

El anuncio de Petro, acompañado de un pantallazo del correo enviado por Óscar Muñoz, encargado de negocios en Nicaragua, al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, es un grito de urgencia por justicia. “La embajada de Colombia en Nicaragua hace entrega de nota urgente y prioritaria con solicitud de extracción del ciudadano colombiano Carlos Ramón González Merchán”, reza el mensaje, exigiendo celeridad en el trámite. Este pedido se ampara en el tratado de extradición firmado entre Colombia y Nicaragua en 1929, un acuerdo que ahora se convierte en la esperanza del gobierno para traer a González ante la justicia colombiana. Pero la historia no es tan simple: la residencia de González en Nicaragua, otorgada tras una solicitud firmada por Muñoz en mayo de 2025, cuando el exfuncionario ya estaba imputado, ha desatado una tormenta de cuestionamientos.

La controversia se intensifica con las revelaciones del periodista Daniel Coronell, quien denunció que González vivió entre septiembre de 2024 y febrero de 2025 en una lujosa mansión de la Embajada de Colombia en Managua. Este hecho ha levantado sospechas sobre posibles complicidades dentro de la diplomacia colombiana. La Cancillería, en un intento de apagar el incendio, aseguró que la solicitud de residencia no fue autorizada desde Bogotá y que el caso será investigado por la Oficina de Control Disciplinario Interno. La excanciller Laura Sarabia, otra figura prominente del gobierno, se apresuró a desmarcarse, afirmando: “No participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua”. De manera similar, el exembajador León Fredy Muñoz negó cualquier irregularidad, alegando que facilitó la entrada de González a Nicaragua antes de que existieran órdenes judiciales en su contra, en el marco de sus funciones diplomáticas.

El caso de González no es solo un escándalo de corrupción; es una herida abierta en un gobierno que llegó al poder prometiendo transparencia y cambio. La Fiscalía General de la Nación, en un movimiento audaz, solicitó una circular roja de Interpol para capturar a González en cualquier parte del mundo, pero la falta de respuesta hasta ahora ha generado críticas, como la de la senadora María Fernanda Cabal, quien cuestionó en X la demora en su captura. La narrativa de un exfuncionario que, según Petro, debe responder ante la justicia, choca con la percepción de algunos sectores que ven en este caso un reflejo de las tensiones internas y las contradicciones del gobierno. ¿Es esta solicitud de extradición un paso firme contra la corrupción o un intento de contener una crisis que amenaza con desbordarse?

El impacto de este caso trasciende las fronteras. Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega, no es un terreno fácil para negociaciones diplomáticas, y la residencia otorgada a González añade una capa de complejidad. Mientras el país espera respuestas, la ciudadanía se pregunta: ¿logrará Petro traer a su exaliado ante la justicia, o será este otro capítulo de impunidad? La respuesta no solo definirá el rumbo de este caso, sino también la percepción de un gobierno que enfrenta el desafío de mantener su promesa de integridad en medio de la tormenta.

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