Una investigación periodística ha descubierto que la interventoría de un contrato de $75.000 millones para la construcción y mantenimiento de 1.626 jagüeyes quedó en manos de dos supuestas fichas de Ana María Martínez Galvis, la esposa de Sneyder Pinilla, exjefe de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD).

La investigación encontró que dos fichas de la esposa de Pinilla aparecen en uno de los contratos que quedaron bajo sospecha desde que estalló el escándalo en febrero de 2024. Se trata del convenio para la construcción y mantenimiento de jagüeyes, de los cuales el 81% estarían en el municipio de Uribia.

La investigación también reveló que Olmedo López, exjefe de la UGRD, le entregó la interventoría de este contrato a una empresa barranquillera llamada Intraffic SAS, que no tenía experiencia en contratación pública. Esta empresa también se le entregó de manera directa cinco contratos para el suministro de carrotanques, por $5.979 millones de pesos.

La investigación también encontró que Intraffic cambió de representante legal y ahora es encabezada por Leonardo Manuel Bustos Miranda, quien prestó servicios de mantenimiento en el Hospital Regional del Magdalena Medio, con un salario de $1.800.000. Además, la supervisora de su contrato también era la esposa de Pinilla.

Una combinación de celos y ambición económica fue el detonante detrás del asesinato del estilista Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández. La justicia ha sentenciado en primera instancia a Jhonier Leal, quien planeó y ejecutó uno de los crímenes más atroces registrados en los últimos años en la capital.

Las pruebas recopiladas por el ente investigador acreditaron que Leal Hernández le proporcionó a su hermano nueve pastillas de un medicamento para dormir y lo puso en estado de indefensión. Luego, atacó a su madre con un cuchillo mientras dormía y a su hermano con dos objetos cortopunzantes distintos.

La Fiscalía, a través de técnicas forenses, obtuvo suficiente evidencia para establecer que Jhonier Leal fue la única persona que estuvo en el inmueble durante el espacio temporal en el que ocurrió el doble crimen. También encontró rastros de sangre en distintos sitios de la manción y otros elementos que dan cuenta de su autoría.

La juez 55 penal del circuito determinó que el sentido de fallo en este caso es condenatorio y que se trató de un homicidio cometido por Jhonier, quien intentó modificar la escena del crimen y esconder las pruebas que lo involucraban en el trágico hecho. El fiscal Mario Burgos aseguró que las pruebas que halladas lo llevan a determinar que Jhonier es el único responsable del asesinato de Mauricio Leal y su madre.

El fiscal Mario Andrés Burgos enfrenta una situación delicada después de sus declaraciones ante la Comisión de Disciplina Judicial, donde admitió tener como únicos enemigos al Presidente y al hijo del Presidente. A pesar de estas afirmaciones, no se ha apartado del proceso judicial contra Nicolás Petro.

La Comisión de Disciplina Judicial ha examinado el caso y ha encontrado fundamentos sólidos para acusar al fiscal Burgos. Se le imputa responsabilidad en la filtración de videos del interrogatorio y por presionar más allá de sus competencias al intentar investigar al Presidente, una acción que excede claramente sus atribuciones legales.

El pliego de cargos contra Burgos consta de 89 párrafos, donde se detalla su presunta extralimitación y otros posibles abusos de autoridad. Aunque él mismo reconoció sus limitaciones para investigar al jefe de Estado, evidencias como los videos filtrados y testimonios contradicen sus afirmaciones, demostrando un persistente interés por obtener información que pudiera respaldar una denuncia.

La Comisión de Disciplina Judicial considera que hay pruebas suficientes para proceder con el juicio disciplinario contra el fiscal Mario Burgos. Este proceso podría enfrentar una recusación debido a su confesión de enemistad personal con el Presidente y su hijo, lo cual podría constituir un impedimento según el Código de Procedimiento Penal.