La nacionalización del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas por parte del Gobierno colombiano desató un huracán político y diplomático que ya traspasa fronteras. El precandidato presidencial Mauricio Lizcano calificó la medida como “un grave error” y una afrenta a la lucha contra la corrupción, asegurando que con esta decisión Colombia corre el riesgo de convertirse en un refugio para condenados de otros países.

Durante una jornada de recolección de firmas con su movimiento Colombianismo, Lizcano fue enfático en advertir que el gesto no solo afecta la imagen del país, sino que debilita la confianza de los inversionistas y de la comunidad internacional en las instituciones colombianas. “Un país que aspira a consolidar el Estado de Derecho y atraer inversión no puede enviar la señal de que aquí se ampara a personas condenadas por corrupción. La justicia y los tratados internacionales deben estar por encima de cualquier afinidad ideológica”, subrayó.

Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, enfrenta tres condenas en su país por casos de corrupción y, según estimaciones oficiales, adeuda al Estado ecuatoriano más de 132 millones de dólares como reparación. A pesar de ello, el Gobierno colombiano decidió otorgarle la nacionalidad, lo que ha generado tensiones diplomáticas con Quito y una ola de críticas dentro y fuera del país.

Lizcano no ahorró calificativos frente al caso: “Esto no es solidaridad, esto es complicidad. Nuestra verdadera lealtad debe ser con el pueblo ecuatoriano que lucha contra la corrupción, no con quienes han sido condenados por ella”.

El exministro agregó que la política exterior se ha contaminado de polarización ideológica, lo que termina convirtiéndola en una herramienta de afinidades políticas en lugar de un instrumento para proteger los intereses nacionales.

El caso Glas no es un episodio aislado. Es el segundo en menos de dos años en que Colombia es señalada por brindar protección a políticos extranjeros condenados por corrupción. El primero ocurrió con el expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien también recibió asilo en territorio colombiano pese a enfrentar sentencias en su país.

Para Lizcano, estas decisiones evidencian una tendencia que erosiona la credibilidad del país en la escena internacional. “Estamos priorizando la ideología sobre la justicia. Esto desprestigia nuestra diplomacia y afecta directamente a regiones como el Valle del Cauca, que necesitan confianza internacional para desarrollarse”, advirtió.

El movimiento Colombianismo, con el que Lizcano busca llegar a la presidencia, ha insistido en una política exterior fundamentada en el sentido común. Esto implica construir alianzas sobre el respeto mutuo, la cooperación real y el cumplimiento de principios de justicia.

“Proteger la imagen del país es fundamental. Si Colombia aparece en los titulares como el lugar donde se refugian los corruptos, el costo no solo es político, también es económico. El Valle, que depende de inversión y comercio, será uno de los más afectados si se debilita nuestra credibilidad internacional”, sostuvo el precandidato.

Diversos analistas han señalado que otorgar la nacionalidad a Glas no solo genera un mensaje contradictorio frente al compromiso de Colombia en la lucha contra la corrupción, sino que también puede ser interpretado como un irrespeto a la justicia de un país vecino y aliado. El gesto, advierten, erosiona la cooperación bilateral y fortalece la idea de que Colombia se está convirtiendo en un santuario para políticos cuestionados.

En su declaración final, Lizcano lanzó una frase contundente: “Otorgar nacionalidad a un condenado como Glas es una ofensa a los colombianos honestos y a un país hermano. La diplomacia no puede ser un salvavidas para corruptos. ¡Sentido común, por favor!”.

La polémica llega en un momento en el que la política exterior colombiana ya está bajo escrutinio por la descertificación de Estados Unidos en materia antidrogas, lo que refuerza la narrativa de una estrategia internacional debilitada. Para Lizcano, ambos hechos confirman que el actual gobierno prioriza la afinidad ideológica sobre el pragmatismo y la defensa de los intereses nacionales.

El impacto no se queda en el debate diplomático. Para muchos ciudadanos, especialmente en el Valle del Cauca, la pregunta de fondo es si estas decisiones afectan el futuro económico y social de la región. Una diplomacia errática, sostienen, puede traducirse en menos confianza, menos cooperación y menos oportunidades.

El caso Glas seguirá generando titulares en los próximos días, pero la discusión que plantea Lizcano va más allá de una figura polémica: ¿está Colombia protegiendo su dignidad institucional o hipotecándola en nombre de afinidades políticas?

En un operativo que resuena como un trueno en la lucha contra el narcotráfico, el Ejército Nacional de Colombia ha asestado un golpe devastador al corazón financiero del ELN. En las entrañas de Tibú, Norte de Santander, las fuerzas armadas desmantelaron un megalaboratorio de cocaína perteneciente al Frente Juan Fernando Porras Martínez de esta guerrilla, una estructura criminal que alimentaba el conflicto armado con millones de pesos. Con un valor estimado en más de 7.200 millones de pesos, este laboratorio no era solo una fábrica de droga, sino un símbolo del poder ilícito que el ELN ha sostenido en el Catatumbo. Acompáñanos en esta crónica de valentía y determinación, donde las Fuerzas Militares de Colombia escriben un capítulo crucial en la búsqueda de la paz.

El operativo, ejecutado con precisión quirúrgica, fue una acción conjunta entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional. En la zona rural de Tibú, un área marcada por la presencia de grupos armados y la complejidad del terreno, las tropas localizaron este coloso del crimen: un megalaboratorio capaz de producir toneladas de clorhidrato de cocaína. La operación no solo destruyó la infraestructura, sino que incautó cientos de kilos de droga y químicos esenciales para su fabricación, cortando de raíz una fuente de ingresos que el ELN utilizaba para financiar sus actividades terroristas. Cada tambor de precursores químicos, cada prensa desactivada, representa un paso hacia la liberación de comunidades atrapadas por la violencia.

El impacto económico de este golpe es monumental. Según fuentes oficiales, el laboratorio tenía un valor superior a los 7.200 millones de pesos, una cifra que refleja no solo el costo de la infraestructura, sino el daño que estas operaciones ilícitas infligen a la sociedad. En el Catatumbo, una región donde la pobreza y la presencia de grupos armados han tejido una red de desafíos, el ELN ha explotado el narcotráfico para sostener su maquinaria de guerra. Este desmantelamiento no es solo una victoria logística; es un mensaje de esperanza para los habitantes de Norte de Santander, que anhelan un futuro sin el yugo de la ilegalidad. Imagina el alivio de una madre en Tibú, sabiendo que las finanzas de quienes amenazan a su comunidad han sido debilitadas.

La operación no estuvo exenta de riesgos. Los soldados enfrentaron un terreno hostil, donde las minas antipersonas y los francotiradores del ELN son una amenaza constante. Sin embargo, la valentía de las Fuerzas Militares prevaleció, demostrando que el compromiso con la seguridad del país es inquebrantable

Este viernes 13 de junio, Cali no será solo una ciudad, será una emoción compartida. Será ritmo en las calles, sabor en la piel y un pedacito del alma vallecaucana en cada rincón de Doral, Florida. La celebración “La Feria de Cali se toma El Doral” promete mucho más que una fiesta: será un acto de reencuentro, una carta abierta a la memoria, y una invitación a sentir que la tierra no se olvida… se lleva dentro.

Gracias a la gestión decidida y visionaria del concejal Cristhian Mancera Mejía, este evento cultural llega a Estados Unidos como un símbolo de hermandad entre territorios. “No traemos solo una fiesta; traemos el alma de una ciudad”, afirmó Mancera, quien ha liderado una articulación binacional sin precedentes con el respaldo de la Vicealcaldía de Doral y la Alcaldía de Santiago de Cali.

Desde las 6:00 p.m., The Doral Yard será epicentro de un espectáculo que mezcla arte, tradición y comunidad. Se presentarán figuras como Adriana Chamorro, la voz que nos conecta con la nostalgia tropical, y El Mulato Cabaret, emblema de la salsa caleña y estampa viva del talento afrocolombiano.

Pero detrás del show está el mensaje: la cultura como puente, como lenguaje universal que une a quienes emigraron y a quienes aún viven al ritmo del Pacífico colombiano. Es una noche para celebrar el orgullo de ser caleños, para bailar en honor a las raíces, y para demostrar que la ciudad también puede viajar en los recuerdos, en la música y en la alegría compartida.

El alcalde Alejandro Eder lo resume así: “El arte caleño es alegría, dignidad y resiliencia. Estamos orgullosos de que Cali brille en esta ciudad hermana”. Y es esa visión de internacionalización cultural la que impulsa esta histórica jornada.

Cristhian Mancera ha dejado claro que su compromiso con la comunidad va más allá de la representación política. Ha convertido su rol de concejal en una plataforma para exaltar la identidad, para dar visibilidad a la riqueza cultural colombiana y para demostrar que las fronteras no existen cuando la cultura toca el corazón.

Este viernes, Cali no se extraña… se vive. Y se baila.

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